La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España ha generado un intenso debate sobre su tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El Gobierno ha incrementado el SMI a 1.184 euros mensuales en 14 pagas para 2025, lo que representa un aumento del 4,4% respecto al año anterior. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha decidido no ajustar el umbral exento del IRPF, fijado en 15.876 euros anuales, lo que implica que algunos perceptores del SMI deberán tributar por primera vez.
Esta decisión ha provocado divisiones dentro del Gobierno de coalición. Mientras el PSOE, con la ministra de Hacienda María Jesús Montero al frente, defiende la medida argumentando que el SMI ha aumentado un 61% desde 2018 y que es momento de que tribute, Sumar y otros partidos de izquierda, liderados por Yolanda Díaz, consideran que el SMI aún es insuficiente para estar sujeto al IRPF y proponen eximirlo de dicha tributación.
Los sindicatos también han expresado su descontento. UGT ha solicitado una mesa de diálogo con Hacienda para abordar una reforma tributaria que mantenga al SMI exento del IRPF, argumentando que el sistema fiscal actual no es progresivo y que gravar el SMI podría reducir el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos.
Además, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha alertado que el nuevo SMI representa el 70% del sueldo medio en las pequeñas empresas, lo que podría afectar negativamente su productividad y capacidad para generar empleo.
En resumen, la decisión de no ajustar el umbral exento del IRPF tras la subida del SMI ha generado una polémica que involucra a diferentes actores políticos, sindicales y empresariales, reflejando las complejidades de equilibrar mejoras salariales con una tributación justa y sostenible.